La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha emitido una normativa histórica que exige el reemplazo de todas las tuberías de plomo en un plazo máximo de 10 años. Como parte de este esfuerzo, se han asignado $24.9 millones para mejorar las infraestructuras de agua potable en Puerto Rico, una medida que busca eliminar las líneas de servicio de plomo y garantizar que las comunidades tengan acceso a agua limpia y segura.
Esta normativa es parte de un plan nacional para abordar uno de los problemas de salud pública más persistentes: la contaminación por plomo en el agua potable. El plomo, un metal tóxico, ha sido durante mucho tiempo un riesgo oculto en los hogares, especialmente en comunidades de bajos ingresos donde las infraestructuras antiguas siguen utilizando tuberías contaminantes.
Fondos para comunidades desventajadas
Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es que el 49% de los fondos debe destinarse a las comunidades desventajadas. Estos recursos serán distribuidos en forma de subvenciones o condonaciones de capital, lo que significa que no deberán ser reembolsados. De esta manera, las comunidades con menos recursos podrán recibir el apoyo necesario para reemplazar sus viejas infraestructuras sin asumir grandes cargas financieras.
“Todos en Puerto Rico merecen tener acceso a agua potable limpia y segura en sus grifos”, afirmó Lisa F. García, Administradora Regional de la EPA. “Esta nueva norma, combinada con una financiación significativa, impulsará los esfuerzos para eliminar todas las líneas de servicio de plomo y otros componentes de plomo en los sistemas públicos de agua potable”.
Además de la financiación directa, la EPA también ha anunciado la disponibilidad de $35 millones en subvenciones competitivas dirigidas a proyectos que reduzcan los niveles de plomo en el agua potable. Estos fondos estarán disponibles para iniciativas que prioricen la protección de las poblaciones más vulnerables, como los niños pequeños y las familias que viven en áreas con altos niveles de exposición.
Un riesgo que afecta a las comunidades más vulnerables
El plomo en el agua potable representa un riesgo grave para la salud, especialmente para los niños, ya que puede causar problemas de desarrollo, daño cerebral y otras complicaciones a largo plazo. A nivel nacional, se estima que alrededor de 9 millones de hogares en Estados Unidos todavía reciben agua a través de líneas de servicio de plomo, y muchas de estas casas se encuentran en comunidades de bajos ingresos.
“Las comunidades más afectadas por el plomo en el agua potable son a menudo las que ya se enfrentan a numerosos retos”, continuó García. “Los padres nunca deberían tener que preocuparse de que sus hijos consuman agua contaminada con plomo, independientemente de dónde vivan”.
Con esta nueva normativa, la EPA obliga a los sistemas de agua a desarrollar planes detallados para la sustitución de las líneas de plomo, priorizando a las poblaciones más desproporcionadamente afectadas. Este enfoque permitirá que las familias de escasos recursos reciban la atención que tanto necesitan y aseguren el acceso a agua potable segura, un derecho fundamental que debe estar garantizado para todos los puertorriqueños.
Un paso crucial hacia un futuro más seguro
La iniciativa de la EPA representa un avance importante en la lucha por la eliminación del plomo en las infraestructuras de agua potable, y la asignación de fondos a Puerto Rico refleja el compromiso del Gobierno federal por mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables. Con estos recursos, se espera que el proceso de reemplazo de tuberías de plomo impulse un futuro más saludable y seguro para miles de familias en la isla.
