La Ley Jones, un estatuto promulgado en 1920, ha sido objeto de intenso debate debido a su impacto en la economía de Puerto Rico. Este estatuto exige que el transporte de mercancías entre la isla y el territorio continental de Estados Unidos se realice únicamente en barcos de bandera estadounidense, construidos en el país y tripulados por ciudadanos estadounidenses. Un estudio reciente realizado por los economistas Manuel I. Jiménez y Russell Hillberry de la Universidad Purdue, reseñado por el Cato Institute, estima que esta ley podría costar a la economía puertorriqueña al menos $1,400 millones de dólares anuales.
Impacto Económico Directo
El estudio de Jiménez y Hillberry desglosa este costo de $1,400 millones de dólares en varias categorías clave:
- Consumidores Puertorriqueños: El costo anual para los consumidores es de aproximadamente $692 millones de dólares, lo que se traduce en un gasto adicional de $203 de dólares por persona cada año. Esta cifra refleja el encarecimiento de los bienes de consumo debido a los elevados costos de transporte marítimo.
- Exportadores Puertorriqueños: Los exportadores enfrentan un costo adicional de $291 millones de dólares anualmente debido a los insumos más costosos, lo que afecta la competitividad de los productos puertorriqueños en los mercados internacionales.
- Inversión: La Ley Jones impone una carga de $403 millones de dólares en términos de inversión, al aumentar los costos y reducir la viabilidad de ciertas industrias en la isla.
Efectos en el Desarrollo Económico
La Ley Jones ha tenido un efecto distorsionador en el desarrollo económico de Puerto Rico. Los elevados costos de transporte han hecho inviables ciertas industrias que dependen de insumos transportados por mar. Esto ha limitado las oportunidades de crecimiento y diversificación económica, y ha afectado negativamente la competitividad de la isla.
Además, la ley ha incrementado los costos de energía, resultando en precios de electricidad más altos que en cualquier estado de EE. UU., excepto Hawaii. Estos altos precios de electricidad desalientan la inversión y otras actividades económicas, afectando aún más la estabilidad económica de Puerto Rico.
Análisis del Cato Institute
El Cato Institute, un laboratorio de ideas con sede en Washington D. C., ha recomendado la eliminación de la Ley Jones, calificándola de injusta. Según el instituto, “la imposición de la Ley Jones en la Isla es indefendible” tanto desde una perspectiva de costo-beneficio como de justicia.
Los economistas Jiménez y Hillberry sugieren que los costos reales de la Ley Jones podrían ser aún más altos. Señalan que los productos “upstream” (insumos utilizados en la producción de bienes finales) enfrentan un “gran sesgo contra los productos enviados por mar de todas las fuentes”. Este sesgo ha desplazado la estructura de producción de Puerto Rico lejos del procesamiento de insumos enviados por mar, afectando el desarrollo a largo plazo de la isla.
Comparaciones y Excepciones
El análisis también destaca que la Ley Jones es una “rareza” dentro del transporte marítimo. A diferencia de la mayoría de los buques que transportan mercancías a la isla y sus vecinos caribeños, los que operan bajo la Ley Jones son casi en su totalidad portacontenedores y barcazas. Otros tipos de embarcaciones, como los graneleros secos y los buques cisterna, son extremadamente raros en el comercio entre EE. UU. y Puerto Rico debido a los altos costos de operación bajo la Ley Jones.
Una comparación con los aranceles de nación más favorecida aplicados por Estados Unidos a otros países miembros de la Organización Mundial del Comercio revela que el daño financiero de la Ley Jones a los hogares puertorriqueños es siete veces superior. Los aranceles costarían a los residentes de la isla $94 millones de dólares anualmente ($28 dólares por persona), mientras que la Ley Jones impone una carga de $203 por persona.
La Ley Jones, tal como se aplica actualmente, impone una carga económica significativa y desproporcionada a Puerto Rico. Con una tasa de pobreza que excede el 40% y recursos políticos limitados, la isla enfrenta desafíos únicos que la ley solo agrava. La recomendación del Cato Institute de eliminar la Ley Jones busca aliviar estas dificultades y promover una mayor justicia y eficiencia económica para Puerto Rico.
